martes, 4 de octubre de 2011

Revista

La precarización laboral en Argentina es un tema cotidiano. Tan cotidiano que, en muchas ocasiones, se ha naturalizado. Según datos oficiales la Población Económicamente Activa (PEA) del país es de 16,5 millones, que son personas en edad de trabajar. 11, 8 millones son asalariados. Más del 35 por ciento de esos trabajadores (4,2 millones) no se encuentran registrados, no tienen acceso al derecho de estabilidad en el empleo, a los servicios sociales, a la jubilación, entre muchas otras reivindicaciones, producto de su situación irregular. Muchos de ellos, además, son discriminados diariamente por sus respectivas patronales. A veces, como en estos casos, hablar de naturalización significa hablar de un Estado que da vuelta la cara, cuanto menos por cómplice.
Rubén Barchiesi, Héctor Michelini y Darío Sansone son choferes de la empresa de transporte Monticas. Todos tienen más de 20 años de antigüedad. Hace tres años dejaron de estar afiliados a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y se sindicalizaron dentro de la Unión de Conductores de la República Argentina (Ucra). Desde ese momento comenzaron a sufrir discriminaciones por parte de la patronal. “Las autoridades de la empresa están amenazadas por la UTA para marginar a los que no estamos afiliados a ese gremio”, sostienen los choferes, y agregan: “No nos dejan trabajar las 122 horas que tenemos por convenio y a los demás les dan horas extras. Nosotros solamente hacemos los servicios de refuerzo, sin viáticos, y a veces ni siquiera eso”.

Características
Extensión aproximada de cuatro páginas. // Con una o dos subnotas. // Acompañada por algunas fotos. // Publicada en la revista “Crisis”. // Destinada a un público interesado en las luchas sociales y en las reivindicaciones de la clase trabajadora.

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